Por Augusto Duran Duran, ingeniero especialista en energías renovables del MOCICC
La crisis climática y sanitaria que se vive en la actualidad ha interpelado el modo de vida de nuestra sociedad, así como las condiciones sistémicas que los grupos de poder han propuesto, quienes, a su vez, han traído 300 años de capitalismo. Para salir de esta crisis y para prevenir una próxima es necesario cambiar el modelo, a través de un proceso denominado “transición ecológica”, un concepto largamente discutido y tratado no solo en movimientos ambientales, sino también en espacios de toma de decisión, pero es necesario plantear esta pregunta: “¿Qué transición queremos?”
La transición ecológica propone, entre otras cosas, eliminar la dependencia de los hidrocarburos, y en su lugar, aprovechar el enorme potencial de la energía renovable, entre ellas: solar, eólica, geotérmica o de la biomasa.
No cabe duda que se deben reemplazar las fuentes de energía, pero esto no se concretará si no se cuenta
con acciones drásticas, por eso también se deben cambiar las reglas de juego, y así evitar los errores del pasado.
A la fecha, la gran industria hidrocarburífera, principal responsable de la crisis climática y desastres ambientales, ‘pinta’ su logo de color verde y utiliza el prefijo “bio”, para imponer, nuevamente, su monopolio de combustibles, esta vez, con fuentes vegetales. Sin embargo, ¿qué es un biocombustible y cómo su industrialización afecta el proceso de transición ecológica? Un biocombustible es la mezcla de diferentes sustancias orgánicas obtenidas de fuentes vegetales que puede reemplazar a los combustibles fósiles que se utilizan en los motores de combustión interna.
Existen dos tipos muy conocidos en la actualidad: el biodiesel, que se obtiene directamente de la palma
aceitera, y el bioetanol, obtenido de la caña de azúcar. Entonces, los biocombustibles pueden
emitir menos gases de efecto invernadero a la atmósfera en comparación con los combustibles fósiles,
aunque, para que los agronegocios destinados a cultivos energéticos tengan ganancias, deben realizar
una agricultura extensiva e intensiva. Eso implica una concentración de enormes áreas de cultivo, nuevas
tecnologías que se contraponen a los conocimientos ancestrales, fertilizantes químicos, plagas combatidas con productos tóxicos, especulación y privatización de las fuentes de agua.
Todo esto llevaría a inevitables conflictos sociales. Es aquí cuando los intereses de las grandes industrias
violentan el bien común. Los agronegocios en el Perú se introdujeron mediante un par de cultivos extranjeros
ya nombrados: la caña de azúcar y la palma aceitera.
La caña de azúcar tiene una gran productividad en la costa norte y observa a la selva como potencial zona productora, lo cual pondría en peligro a esta región. La palma aceitera es más grave aún, pues es introducida y explotada indiscriminadamente en la Amazonía peruana, uno de los bosques tropicales más importantes que alberga una enorme biodiversidad, y que a su vez brinda servicios ecosistémicos y es hogar de pueblos originarios.
Por lo tanto, la expansión indiscriminada de estos agronegocios está amenazando el territorio amazónico, originando deforestación y violentando los derechos humanos de los pueblos indígenas y sus líderes defensores.
Actualmente existen más de 108.000 hectáreas de explotación de palma aceitera en Loreto, Ucayali, San Martín y Huánuco, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Cabe agregar que si se retoman los
proyectos suspendidos e inactivos se perderían aproximadamente 83.782 hectáreas de bosques primarios.
Finalmente, según el estudio de Oxfam Perú, la cantidad de carbono liberado a la atmósfera, producto de la siembra de palma aceitera, es de 2 millones 859 mil 535 toneladas métricas, lo que equivale a las emisiones de casi 2 millones y medio de automóviles conducidos en un año. A la luz de estos hechos, no se debe permitir que se continúe promoviendo la deforestación de bosques primarios, se tiene que pensar en lógicas más humanas y que respeten el buen vivir.
Al respecto, el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) elaboró una propuesta ciudadana nombrada “Ley de Transición Ecológica” (PL 06935), que recoge las necesidades energéticas de la población y que concilia con las formas más humanas de producción energética, siempre pensando en el bien común y en el buen vivir.
Pensar en una transición ecológica que no golpee las bases del sistema capitalista es una contradicción antagónica, creer que puede existir un capitalismo verde es llevar el optimismo hasta niveles desmesurados e ingenuos.
Es imposible proteger el planeta si se sobreexplotan los recursos para seguir generando la riqueza de unos cuantos.
No podremos combatir al cambio climático si no se cambia el sistema y sus lógicas de producción perversas, se necesita una transición que sea popular, que apueste por un cambio de paradigma, que sea justa con todas y todos, y que respete la libre determinación de los pueblos
