Las organizaciones sociales y de la sociedad civil asistentes a este importante foro declaran que:
1. Resulta inaceptable que frente a las evidencias del grave impacto ambiental y social provocado por el cambio climático expresado principalmente en el calentamiento global del planeta debido al aumento de GEI generados por un consumismo sin límites, cuya producción posee un alto contenido de carbono, países no desarrollados de América Latina y el Caribe, como el Perú, no reconozcan las diferencias en los compromisos de reducción de GEI con los países desarrollados y ahora acepten que se hable solo de contribuciones nacionales y no de responsabilidades.
2. Cuestionamos el interés de los países desarrollados con mayor generación de GEI de promover mayoritariamente el financiamiento de proyectos de mitigación asociados principalmente a la reforestación y conservación de bosques en los países no desarrollados como el Perú a cambio de no ser exigidos en la reducción de sus niveles de GEI, dejando de lado los proyectos de adaptación al cambio climático, que es donde más se han afectado los Pueblos Indígenas y las poblaciones locales cuyas economías tienen una amplia variedad de ecosistemas y una rica biodiversidad, pero son predominantemente extractivas, con un alto nivel de informalidad, presencia de actividades ilegales y un alto nivel de corrupción con una débil institucionalidad.
3. Exigimos que el gobierno peruano potencie su política exterior de cambio climático demandando la reducción de los GEI a Canadá, Japón, Nueva Zelanda, La Federación Rusa y Estados Unidos que representan más del 30% de las emisiones globales, pero que están fuera del Protocolo de Kyoto así como a Brasil, China, India y Sudáfrica que no tienen responsabilidades dentro del esquema del Protocolo, dado que uno de sus efectos más impactantes en el Perú es la deglaciación con sus repercusiones en la disponibilidad del agua, ya que en promedio las 19 cordilleras en el Perú han perdido más del 40% de su superficie con respecto a los años 70 (ANA, 2014). Asimismo, las sequías y friajes más agudos están afectando la disponibilidad del agua e impactando en la salud y la seguridad alimentaria del país.
4. Demandamos que el MINAGRI realice la identificación y promueva el apoyo a proyectos agrarios alternativos en zonas de mayor vulnerabilidad al cambio climático promoviendo un programa nacional, regional y local de adaptación comunitaria, priorizando la pequeña agricultura familiar. Asimismo, debe darse seguridad jurídica territorial a los Pueblos Indígenas como actores claves en la protección del bosque.
5. Demandamos al gobierno peruano una política y un plan energético que priorice el uso de energías renovables y un programa de eficiencia energética que satisfaga un 40 % de la demanda nacional en los próximos 20 años y vaya reduciendo la producción de energía en base al petróleo y la quema de gas natural, dado que está primando esta última opción.
6. Reivindicamos la urgente necesidad de institucionalizar el Ordenamiento territorial (OT) a fin que los planes de OT garanticen la ejecución de políticas y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en el marco del uso sostenible de los recursos naturales en las regiones y localidades y su articulación con los proyectos sectoriales. Asimismo, el OT permitirá la ubicación adecuada de la infraestructura con un uso apropiado del suelo.
El incremento poblacional, del parque automotor y los residuos sólidos y aguas servidas en Lima y las principales ciudades demanda ordenamiento urbano con cambio y reorganización del trasporte público y el saneamiento ambiental.
Resulta urgente el ordenamiento hídrico a fin de evitar el uso intensivo de aguas subterráneas para proyectos agroexportadores en zonas desérticas (Ica) con las consecuencias sobre el uso para la producción interna y la población
7. Urge una política efectiva contra la tala ilegal de madera, la minería informal e ilegal y una exigente evaluación y fiscalización de los EIA en particular en proyectos de industrias extractivas e infraestructura para hacer frente a la deforestación.
8. Fortalecer el sistema nacional de información ambiental articulándolo con la información del ordenamiento territorial y el cambio climático en un solo sistema.
9. Demandamos la aprobación de una Ley de Cambio climático que represente la formación de un sistema nacional de cambio climático que articule institucionalmente los sectores y gobiernos locales y regionales teniendo como eje a la Comisión Nacional de Cambio Climático adscrita al Ministerio del Ambiente que es el ente rector. La implementación de la política nacional de cambio climático tiene como instrumentos la estrategia nacional, la estrategia financiera, los planes sectoriales y de desarrollo concertado y ordenamiento territorial de los gobiernos regionales y locales y finalmente el informe nacional de cambio climático.
10. DEBE ESTABLECERSE EL COMPROMISO DE IMPULSAR UN GRAN MOVIMIENTO NACIONAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO DONDE EL ESPACIO DE LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS Y EL GRUPO PERÚ COP20 SEA EL EJE IMPULSOR.
11. ESTA AUDIENCIA DA INICIO AL PROCESO DE MOVILIZACIÓN HACIA UNA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO QUE DE SOLUCIONES REALES A LOS PROBLEMAS Y DESAFÍOS QUE ENFRENTA
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Fuente: Grupo Perú COP 20
